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Myanmar, un año después del golpe

En el primer aniversario del golpe, Myanmar se encuentra en una situación muy compleja. Está al borde de una guerra civil y del colapso económico, todo ello acentuado por la pandemia de la COVID-19.

Se cumple un año desde el golpe de Estado que tiró abajo la “democracia” en Myanmar. El Tatmadaw, como es conocido el ejército del país, devolvió al país a un gobierno militar completo el 1 de febrero de 2021, tras un periodo en el cual se había instalado una pseudodemocracia después de más de 50 años de dirección militar.

Un año después, el país se ha sumido en una espiral de violencia y se encuentra al borde del colapso económico, acentuado además por la pandemia de la COVID-19, provocando una gran catástrofe humanitaria. La esperanza para la vuelta a la democratización y una vuelta a la normalidad se desvanece a cada día que pasa. 

Aung San Suu Kyi, condenada otra vez

Desde su detención en febrero de 2021, Aung San Suu Kyi —que ya había estado bajo arresto domiciliario entre 1989 y 1995, y varios periodos a partir del año 2000— se ha enfrentado a numerosos cargos y está siendo juzgada actualmente por un tribunal militar. La política se enfrenta a una docena de cargos que, si todos salieran adelante, supondrían más de 100 años de cárcel.

Aung San Suu Kyi

Hija de Aung San, líder nacionalista birmano que luchó por la independencia del país, se mudó a la India con su madre tras la muerte de su padre en 1947, cuando tenía dos años. Posteriormente estudió en la Universidad de Oxford, donde conoció a su marido y vivió en el Reino Unido hasta 1988, cuando decidió regresar a Myanmar para cuidar de su madre enferma.

Mientras el país se encontraba entonces bajo el brutal régimen militar de U Ne Win, decidió iniciar una lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos. En esos años se produjo un primer intento por la democratización del país. En 1990, su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), consiguió una amplia victoria electoral, pero fue ignorada por el gobierno de Ne Win, volviendo otra vez a un régimen militar.

Esto le valió un arresto domiciliario entre 1989 y 1995, y le fue concedido un Premio Nobel de la Paz en 1991 in absentia. Tras salir del arresto, siguió involucrada en las actividades de oposición y volvió a estar en varias ocasiones bajo arresto domiciliario a partir del año 2000.

En 2012, ganó un escaño en las elecciones parciales para la cámara baja. En 2015, su LND ganó la mayoría de los escaños en las elecciones, pero se le prohibió constitucionalmente ser presidenta. Bajo la presidencia de Htin Kyaw y Win Myint ocupó varios puestos, actuando de facto como la líder del gobierno.  Tras el golpe militar, fue depuesta de su cargo y detenida junto con otros miembros de su partido.

En diciembre de 2021, en el primer fallo, fue condenada a cuatro años de prisión, aunque poco después recibió un indulto parcial por parte del jefe del ejército, Min Aung Hlaing, de la mitad de la condena.

El 10 de enero de 2022, en el segundo fallo, fue condenada a otros cuatro años de prisión. Esta vez, dos años por posesión ilegal de walkie-talkies y otros dos por infringir las restricciones del coronavirus.

El 15 de enero de 2022, el gobierno militar presentó cinco nuevos cargos por corrupción contra Aung San Suu Kyi en relación con el alquiler, la compra y el mantenimiento de un helicóptero por parte de su gobierno.

Según Al Jazeera, la líder birmana también está siendo procesada por otros cargos de corrupción que involucran presuntos sobornos y abusos de autoridad relacionados con negocios inmobiliarios.

Un año de dura represión

El golpe inició una serie de largas protestas prodemocráticas en todo el país, que pronto se tornaron en una dura represión por parte del Tatmandaw.

Desde entonces, según el grupo de monitoreo Asociación de Apoyo a los Prisioneros Políticos (Birmania) —Assistance Association for Political Prisoners (Burma)—, 8.798 han sido arrestadas, acusadas o sentenciadas; 1.967 personas han sido acusadas con una orden de arresto y están evadiéndolo; 184 personas han sido asesinadas, y 80 personas han sido sentenciadas.

Protesta en Myanmar contra el golpe militar. 14 de febrero de 2021. Foto: Htin Linn Aye/Wikimedia

Además, según Amnistía Internacional, desde el golpe, “el ejército viene llevando a cabo ataques indiscriminados contra la población civil y obstruyendo el acceso a productos y servicios esenciales para su supervivencia” en su guerra contra la resistencia armada.

Entre los últimos casos, según la ONU, a principios de diciembre de 2021, 11 personas fueron detenidas y quemadas en una aldea de Done Taw, en la región de Sagaing.  

Una catástrofe humanitaria

El caos político que vive Myanmar se ha traducido también en una catástrofe humana. Según un informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de los 54 millones de personas que viven en el país, se estima que 25 millones  de personas van a vivir en la pobreza en el año 2022 y 14,4 millones necesitarán asistencia humanitaria.

Se estima que 14 de los 15 estados y regiones que componen el país se encuentran dentro del umbral de crítico de desnutrición aguda. A todo ello se ha unido una creciente inflación, haciendo que cada vez sea más complicado acceder a los alimentos.

Además, las inundaciones monzónicas de julio y agosto de 2021, afectando a más de 120 mil personas, ha provocado que se pierdan muchas cosechas, contribuyendo al aumento de la inseguridad alimenticia.

El impacto de la COVID-19

No siendo suficiente, a la agitación política se ha unido un fuerte impacto de la pandemia de la COVID-19. Tras el golpe, una parte importante del personal médico se unió a las manifestaciones y se declaró en huelga, encabezando un movimiento de resistencia y de desobediencia civil.

Según Médicos Sin Fronteras (MSF), los que continúan en huelga y están ejerciendo su profesión en clínicas clandestinas, corren el riesgo de ser atacados y detenidos por las autoridades. En muchas áreas, según señala la BBC, se cree que más del 70% del personal sanitario ha abandonado sus trabajos.

Ser personal sanitario se ha convertido en una profesión de riesgo en Myanmar, viviendo bajo un constante peligro de ser atacado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en junio del año pasado que la mitad de los 500 ataques contra personal sanitario que se registró en todo el mundo, se produjo en Myanmar.

Según MSF, al menos 28 profesionales sanitarios han sido asesinados, casi 90 siguen detenidos y 55 hospitales están ocupados por el ejército.

Protestas a favor de un «alto el fuego por COVID» en Myanmar el 27 de julio de 2021, frente a las Naciones Unidas en Nueva York. Foto: Kches16414/Wikimedia

Con el aumento de los casos, los hospitales birmanos quedaron completamente colapsados. Según el portal estadístico Our World in Data, ha habido más de medio millón de contagiados y casi 20.000 personas han fallecido a causa de la COVID-19.

A todo esto se ha unido la dificultad para extender la vacunación por todo el país. Si bien Myanmar ha acelerado considerablemente la vacunación a finales del año 2021, hoy en día se encuentra muy por detrás del resto de países del Sudeste Asiático. Con un 39,7% de la población vacunada, se encuentra, con diferencia, en la última posición en cuanto a vacunación en la región, siendo la siguiente por la cola Laos, con un 63,1% según datos de Our World in Data.

Un desastre económico

El golpe militar se unió a la ya difícil situación económica que vivía el país a causa de la pandemia de la COVID-19, acelerando una crisis económica que ya ha provocado la pérdida de numerosos empleos.

El informe de la OCHA señala que la moneda birmana —el kyat— se depreció un 33% frente al dólar estadounidense entre enero y noviembre de 2021, contribuyendo a un notable encarecimiento de los productos importados, incluyendo el combustible.

Según las previsiones del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el PIB se contrajo un 18,4% en 2021, esto es, la economía birmana ha entrado en el año 2022 siendo un 30% menor de lo que sería si no hubiera tenido lugar la pandemia y el golpe militar, según señala el informe de la OCHA.

Un futuro difícil: ¿abocados a una guerra civil?

Un año después del golpe, la situación en el país es extremadamente delicada. Desde su independencia en 1948, Myanmar ha sufrido de una larga inestabilidad política y conflictos interétnicos intermitentes, la mayoría armados. La relativa democratización del país en 2010 y la Conferencia de Paz de la Unión de Myanmar en 2016 abrían la puerta a lograr la ansiada paz para poner fin a décadas de conflicto. Pero el golpe fulminó toda esperanza.

Algunos opositores al régimen militar han tomado las armas, de los cuales algunos pertenecen a grupos étnicos minoritarios que luchan por la autodeterminación. Con varios de ellos, el gobierno había llegado a un acuerdo para un alto al fuego en 2015.

En octubre de 2021, la enviada especial de la ONU para Myanmar, Christine Schraner Burgener, señaló a Reuters que «en la terminología del derecho internacional usamos conflicto armado interno y yo usaría esta terminología ahora», refiriéndose a la situación en el país.

No obstante, por el momento, no existe un conflicto civil a gran escala. Mientras, la población birmana está resistiendo heroicamente y ha adoptado una nueva forma de protesta pacífica: la «huelga silenciosa». El viernes 10 de diciembre de 2021, Día Mundial de los Derechos Humanos, los manifestantes contra el régimen militar cerraron sus tiendas y mercados para dejar las calles completamente vacías en señal de protesta por la represión. Pero la esperanza por una vuelta a la democratización se desvanece y el colapso económico aparece en el horizonte.

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Por Bienvenido Chen Weng

Interesado en la política en Asia Oriental y el Sudeste Asiático. Asimismo, sigo con especial interés la evolución de la creciente competición sino-estadounidense y la política de la Unión Europea hacia China.

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