El pueblo apátrida de los rohinyás

El pueblo rohinyá sufrió un auténtico genocidio en 2017 en Myanmar, provocando una huida masiva hacia Bangladesh y creó el campo de refugiados más grande del mundo. Hoy, su situación continúa enquistada y sin haber sido resuelta.

Los rohinyás son una minoría étnica musulmana suní situada —mayoritariamente— al norte del Estado de Rakáin, en la República de la Unión de Myanmar. Se caracterizan por hablar rohinyá, urdu, árabe y birmano. Antes de 2017, eran una población de casi un millón de personas según Save The Children. Sin embargo, según los últimos informes de Médicos Sin Fronteras, actualmente no llegarían a las 150.000 personas.

El 25 de agosto de 2017 se produjo en Myanmar un genocidio contra esta etnia, que no ocupó numerosos titulares en los medios de comunicación. Estos sucesos provocaron una huida masiva del pueblo rohinyá hacia Bangladesh. De esta forma, la ciudad bangladeshí de Cox’s Bazar se convirtió en la ciudad con el campo de refugiados más grande del mundo.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Este grupo étnico lleva residiendo en Myanmar desde el siglo VII, aunque su población aumentó durante la colonización británica, pues estos fueron trasladados desde Bangladesh y la India para trabajar para la administración colonial del Imperio Británico. Este fue el desencadenante del conflicto entre la mayoría budista del país y los rohinyás.

Durante la II Guerra Mundial, las relaciones entre los fieles de ambas religiones empeoraron. Mientras que los rohinyás apoyaban a la corona británica, la mayoría budista birmana se decidió por ayudar a los japoneses en su expansión.

Una vez acabada la guerra, numerosas familias islamistas quisieron volver a Bangladesh. Sin embargo, estos no pudieron regresar debido a que todas sus tierras habían sido cedidas a población bengalí. Tampoco podían volver a Myanmar, debido a que durante la guerra numerosos grupos musulmanes habían atacado varios pueblos budistas del estado de Rakáin, lo que hizo imposible la convivencia entre ambas religiones.

Además, varios de los grupos étnicos del país se posicionaron a favor de crear una nación federal después de la independencia, sin embargo, los rohinyás defendían la anexión de este a Bangladesh.

A pesar de los numerosos conflictos, la etnia musulmana formó parte de los gobiernos posteriores a la independencia. Sin embargo, tras el golpe militar de 1962 la situación para estos empeoró, pues se les empezó a considerar como extranjeros.

En 1982, la dictadura militar aprobó una ley en el país donde se reconocía la ciudadanía a 135 etnias residentes en Myanmar. Pero los rohinyás quedaron excluidos, convirtiéndolos, de esta manera, en personas apátridas sin derecho a la educación, a la sanidad o a un trabajo. A raíz de esta ley, se empezaron a realizar numerosos abusos y violaciones contra el   pueblo rohinyá.

Tras la dictadura, con la llegada de las primeras elecciones de la mano de la premio Nobel Aung San Suu Kyi, se abría una nueva oportunidad para la etnia musulmana. No obstante, la situación no cambió, pues un año después, todos los ataques producidos por budistas fueron apoyados por el gobierno —llegando a abrir fuego contra la población islamista—, mientras que aquellas agresiones cometidas por rohinyás fueron calificadas de terrorismo.

La situación explotó el 25 de agosto de 2017, cuando el Gobierno birmano desplegó el ejército contra el pueblo rohinyá, tras acusarlos de atacar a varios policías. Esto desembocó en que una parte de la población rohinyá fuera asesinada, y la otra realizara un éxodo masivo hacia Bangladesh.

Los asesinatos y las violaciones realizadas por el gobierno birmano fueron calificadas por el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, como un claro ejemplo de limpieza étnica. En 2018, Naciones Unidas realizó un informe de 444 páginas donde se relataban todas las atrocidades realizadas a los rohinyás por el ejército de Myanmar. Este informe fue presentado al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y al Consejo de los Derechos Humanos. El informe también se dio a conocer a través de los medios de comunicación.

Esto conllevó a que, en diciembre de 2019, la líder de facto, Aung San Suu Kyi, fuera llamada a declarar ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya. A pesar de que Aung San Suu Kyi no controlaba al ejército birmano, fue acusada por un investigador de la ONU de complicidad con el mismo para las operaciones de despeje en el país. La premio Nobel de la Paz hizo hincapié en que era un conflicto meramente interno, que no había sido juzgado justamente por la ONU y que el ejército había sido desplegado por los ataques a la policía llevados a cabo por los rohinyá. A pesar de esto, aceptó que las fuerzas militares utilizaron en algunas ocasiones una fuerza desproporcionada, y expuso ante la Corte que no llevaría a cabo ninguna acción que agravara el conflicto.

Por otro lado, Myanmar fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia por Gambia —un pequeño país africano de mayoría musulmana—, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica. El país asiático fue acusado por el ministro de Justicia de Gambia, Abubaccarr M. Tambadou, de realizar “operativos de despeje generalizados y sistemáticos» contra el pueblo rohinyá.

Además de los dos juicios en proceso, la ONU lleva a cabo un gran despliegue de ayuda humanitaria en el campo de refugiados de Bangladesh. Donde la situación de los rohinyá no es mucho mejor. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en diciembre de 2017 ya se habían producido 867.000 desplazamientos rohinyás hacia Cox’s Bazar.

Durante todo este tiempo, la población rohinyá ha vivido hacinada en campamentos en condiciones infrahumanas y sin recursos para mantener a todos, haciéndoles dependientes completamente de las ayudas humanitarias.

Además, en 2020, el Gobierno de Bangladesh tomó la decisión de trasladar parte de los refugiados a una isla del Golfo de Bengala para liberar espacio en el campo de refugiados de Cox’s Bazar. Una idea que llevaba en el seno del Gobierno bangladeshí desde la llegada de estos en 2017. Según este, todos los trasladados fueron realizados de manera voluntaria, sin embargo, muchos refugiados declaraban antes los medios de comunicación que habían sido obligados a desplazarse.

En enero de 2021, se realizaron varias reuniones con representantes de Bangladesh y Myanmar para un posible regreso de los musulmanes al país birmano. Sin embargo, si existía una pequeña posibilidad del regreso de esta etnia al país, el golpe de estado realizado por el ejército birmano a principios de febrero de 2021 dinamitó toda esperanza.

A día de hoy, familias rohinyás llevan años en campos de refugiados sin posibilidad de regresar a sus hogares, sin nacionalidad y sin esperanza. Además, se prevé que la dictadura de Min Aung Hlaing intensifique el acoso hacia las minorías étnicas más perseguidas del país, dejando a los pocos rohinyás que quedan en una situación límite, con la única opción de exiliarse.

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Por Celia Broncano

Graduada en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha trabajado en Radio M21, y colaborado con la asociación de ECO PRENSA.

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